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Ha llamado la atención estas semanas el debate ideológico que se ha producido en la derecha en torno al principio de subsidiariedad. Quienes han gatillado este debate han sido los militantes del nuevo partido liberal Evolución Política al incorporar dentro de las 130 primeras propuestas programáticas de su candidato presidencial, Felipe Kast, una mención a la inconveniencia de consagrar la subsidiariedad como principio en la nueva Constitución chilena.
Lo interesante no es tanto la posición de Evópoli referente a este asunto ya que, pese a que el partido reconoce expresamente el principio de subsidiariedad como elemento central de sus principios fundamentales, ha postulado hace ya tiempo una Constitución mínima liberal como propuesta en el contexto del proceso constituyente, en la misma línea en que lo han hecho militantes de otros referentes liberales como Amplitud, Ciudadanos y Red Liberal.
El planteamiento de Felipe Kast no hace más que concretizar la idea de que la Constitución no está para ser utilizada como programa de gobierno del que detenta el poder alguna vez para petrificar a perpetuidad qué tanta o qué tan poca actividad debe desarrollar el Estado en materias económicas y sociales. Una Constitución mínima va aparejada a la idea de una democracia máxima, dejando de este modo el camino libre para que esta clase de deliberaciones democráticas sean permanentemente resueltas desde la política y no desde el Tribunal Constitucional.
Lo realmente interesante ha sido la respuesta del sector conservador de la derecha al postular que eliminar el principio de subsidiariedad de la Constitución sería “un autogol constitucional”, como ha afirmado Antonio Correa de Ideas País, o simplemente una idea catastrófica, como han afirmado cercanos a la Fundación Jaime Guzmán. La razón por la que resulta tan interesante esta postura radica en que el principio de subsidiariedad ni siquiera está reconocido en nuestra actual Constitución.
El contenido del principio de subsidiariedad es claro para todos: postula que cada asunto debe ser resuelto por la organización más próxima al objeto de un problema, absteniéndose de intervenir la organización mayor en la medida que el problema sea resuelto por las comunidades locales o los particulares. De esta manera, para que una Constitución consagre este principio en materia económica, debe autorizar al Estado a actuar única y exclusivamente cuando los particulares no puedan, o simplemente no quieran, satisfacer una determinada actividad de manera adecuada.
Así, podemos encontrar un ejemplo de consagración de este principio en el Tratado de la Unión Europea, el cual indica que la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. Algo similar podría consagrar nuestra Constitución sobre la actividad del Estado tanto respecto de, por ejemplo, los municipios a nivel local, como respecto de las empresas privadas a nivel funcional. De esa forma, una actividad estatal contraria al principio de subsidiariedad sería inconstitucional, del mismo modo que lo sería una ley que autorice tal actividad. Pero nada de eso existe hoy.
Lo único consagrado en Chile es el principio de legalidad, el cual es reiterado y meramente reforzado en materia económica (art. 19 n° 21), de manera que lo que se exige para que el Estado desarrolle actividades económicas es una mera habilitación legislativa mediante ley de quórum calificado. En este sentido, hoy en día bien podría crearse por ley un supermercado o una panadería estatal siendo ello perfectamente constitucional en los términos de nuestra actual Carta, aun cuando estas actividades serían abiertamente contrarias al principio de subsidiariedad. Ello demuestra que este principio carece completamente de asidero normativo.
Entonces, ¿qué es lo que Antonio Correa afirma que Evopoli pretende “borrar de la Constitución”? ¿Cómo se puede eliminar algo que no tiene consagración? La razón del pánico de los conservadores frente a esta propuesta de Constitución liberal radica, a todas luces, en un decaimiento de la actividad intelectual de un sector que alguna vez, en los tiempos de Jaime Guzmán, tuvo un elevado nivel. Han sido los sectores socialistas los que durante 30 años han extremado esfuerzos en convencer a los chilenos de que el principio de subsidiariedad está consagrado en nuestra Constitución y que esa es la causa de todos los problemas económicos y sociales del país. Da lástima observar que lo han conseguido.
Por esta razón, el que hoy por hoy comiencen a existir debates ideológicos de esta envergadura al interior de la derecha es una esperanzadora noticia para que ésta comience a superar la letargia intelectual que, durante las últimas tres décadas, ha permitido a su adversario alcanzar total hegemonía ideológica y cultural.