Leer en: El Demócrata / Panam Post / PanamPost (inglés)

Hace algunos días se aprobó en Chile la «agenda corta» antidelincuencia, la que entrega mayores facultades fiscalizadoras a las policías, incluyendo el control preventivo de identidad. La ley fue aprobada tras extensas e intensas discusiones en torno a un asunto que se ha convertido en la primera de todas las preocupaciones de los chilenos según las encuestas: la seguridad. Sin embargo, Chile es el país más seguro de Latinoamérica.

Chile se encuentra en el puesto 27 de los 163 países contemplados en el Índice de Paz Global 2016, superando no sólo a absolutamente todos los países vecinos, sino que incluso a países como Estados Unidos y Reino Unido. Pero nos han convencido de que la violencia y la delincuencia en Chile son prioridad nacional. La explicación a cómo es que ha sido posible tal distorsión de la realidad se encuentra en una simple alineación de intereses entre dos extremos políticos.

Por una parte existe un numeroso sector de izquierda empecinado en ocultar los extraordinarios avances económicos y sociales que han ocurrido en nuestro país en los últimos 30 años. Este sector ha puesto, y sigue poniendo, todos sus esfuerzos en convencer a los chilenos del fracaso de un modelo que, siendo sinceros y entre otras cosas, fue el que puso a Chile en la privilegiada posición de seguridad de nuestros días.

Y, por otra parte, existe un numeroso sector en derecha conservadora que se esfuerza en convencer a la población general de su vulnerabilidad frente a la violencia y la delincuencia con el objetivo de legitimar la aplicación de políticas estatales que les permitan aparecer como salvadores y, de paso, controlar con mayor fuerza la vida privada de las personas haciendo razonable la restricción de cada vez más libertades civiles en el país.

Tanto para los objetivos de la izquierda política como para los de la derecha conservadora no resulta en modo alguno conveniente reconocer que Chile es un país seguro. Muy por el contrario, ambos unidos por razones distintas se empecinan en demostrar lo opuesto. Y si a esta alianza le sumamos el hecho de que los medios de comunicación han encontrado en el sensacionalismo de la prensa roja un comodín para sus ventas, la alineación de intereses resulta perfecta.

Pero ninguna «agenda corta” ha disminuido ni disminuirá jamás los índices de delincuencia de manera efectiva y prolongada en el tiempo. Defender esta idea no sólo es ignorar cómo es que llegamos a ser el país más seguro del vecindario sino que también es ignorar que ese ha sido precisamente el camino que han seguido nuestros países vecinos en los que, salvo quizás en zonas turísticas, no es difícil ver policías a los que no sólo se les han dado facultades para controlar la identidad de las personas, sino que incluso se les ha dotado de rifles de asalto y ametralladoras automáticas. Pero aun así han fracasado.

Más cárceles, mayores penas y más facultades arbitrarias de control policial son todas propuestas añejas que han demostrado no obtener resultados porque olvidan que el delincuente no es un ser aislado en la Sociedad. Olvidan que al encarcelar al delincuente sus hijos quedan abandonados, muy probablemente destinados a encontrar nuevamente  en la delincuencia un modo para subsistir. Una Sociedad que invierte en cárceles al corto plazo invierte en delincuencia al largo plazo.

El camino correcto no es aumentar las facultades punitivas del estado, sino seguir el ejemplo extraordinario de un país que hizo las cosas bien: el nuestro. Chile es el país más seguro de Latinoamérica no por contar con el aparato policial más represivo, sino por haber creado oportunidades de movilidad social como ningún otro país del continente en los últimos 30 años.

Desde el regreso a la democracia Chile pasó de ser un país con una población cercana al 40% bajo situación de pobreza a un 7.8% (CEPAL), se posicionó como el país con mejor calidad de educación secundaria de Sudamérica (PISA y TERCE) y alcanzó el lugar número uno en Desarrollo Humano (IDH) entre los países de la región; aun cuando la izquierda quiera ocultarlo.

Chile hoy no debe invertir en encarcelar al delincuente, destruir su familia y dejar a sus hijos a la suerte. Chile debe enfocarse en empoderar a esos hijos de manera que puedan estudiar en el colegio que elijan – estatal o privado-  conocer otras realidades, opciones de vida y herramientas distintas a la delincuencia para escoger nuevos caminos.

La única ruta para avanzar en serio hacia una Sociedad sin violencia ni delincuencia es enfocar hoy nuestros recursos en entregar herramientas a las personas para que aumenten sus capacidades productivas de manera que puedan aportar a la Sociedad en vez de delinquir para subsistir. Los hijos de sus hijos no solo dejarán de necesitar la delincuencia para salir adelante sino que, si hacemos bien las cosas, podrían incluso dejar de necesitar de toda asistencia estatal.

Aún estamos a tiempo de enmendar el rumbo.